miércoles, 29 de julio de 2009

ACTUACIÓN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA EN LA GESTACIÓN DEL ACUERDO PREVENTIVO

Por AUGUSTO H.L.ARDUINO


SUMARIO: I-LA ORGANIZACIÓN SOCIETARIA. II-LA DECISIÓN DE PRESENTAR CONCURSO PREVENTIVO A LA SOCIEDAD ANÓNIMA. II.1.LA PRESENTACIÓN EN CONCURSO PREVENTIVO DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL DE CARÁCTER PRIVADO. II.2.RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN II.3.DECISIÓN DE CONTINUAR EL TRÁMITE II.4.EFECTOS DE LA NO ACREDITACION DE LA DECISIÓN DE CONTINUAR EL TRÁMITE.III-FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO. IV-ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA. V-CONCLUSIONES.



I-LA ORGANIZACIÓN SOCIETARIA
El acuerdo preventivo constituye un recurso técnico legal para obtener la finalidad de la conservación del patrimonio del deudor y la satisfacción de los derechos de los acreedores, los cuales se deben adecuar al interés general de la sociedad.

En materia societaria la doctrina ha expresado que la organización jurídica de una sociedad significa dos cosas:
a) Poner un orden en las diferentes relaciones jurídicas que se establecen en su seno – entre los socios y entre éstos y la sociedad- es decir, regularlas.
b) Dotar al ente de los órganos capaces de cumplir con las funciones que requiere todo sujeto de derecho para actuar en el ámbito jurídico y para hacer efectivas las regulaciones del punto a), o sea dotar a la sociedad del modo de expresar su voluntad.[1]

La trascendente decisión de presentar a una sociedad anónima[2] en concurso preventivo, la formulación de una propuesta de acuerdo preventivo a los acreedores o la aceptación de una propuesta formulada a una anónima- entre otras situaciones vinculadas al desarrollo del proceso concursal- ponen en funcionamiento a los distintos órganos societarios dentro de la esfera de sus competencias.

Actualmente se reconoce, predominantemente, la teoría organicista en materia societaria, de donde la idea de órgano debe ser entendida como integrada al contrato plurilateral de organización. Este mismo tiene dos funciones que atañen a la sociedad: por un lado, otorgante del marco regulatorio en su faz interna, y por el otro, serán los órganos el modo de manifestación de la voluntad del ente.[3]

NISSEN señala que no es difícil advertir que la teoría del órgano supone una abstracción, a los fines de tornar compatible el régimen de administración y representación de la sociedad con el carácter de sujeto de derecho autónomo de esta. Sin embargo, la doctrina orgánica ha sido insuficiente para explicar otras cuestiones relacionadas con la gestión de la sociedad, y por ello no debe extrañar- concluye- que, en definitiva, se recurra en subsidio a las normas del mandatos para interpretar la relación que existe entre el o los administradores con la sociedad, y así lo dispone el art. 68 de la ley 20.337 de sociedades cooperativas.[4]

ZALDIVAR, MANOVIL, ROVIRA, RAGAZZI y SAN MILLÁN exponen que conforme a ella las personas que desempeñan las funciones de administración son órganos sociales; el órgano es una parte funcional de la estructura total que conforma la sociedad. Este órgano tiene un aspecto objetivo, que es el conjunto de facultades y atribuciones que la ley y el contrato le atribuyen, y otro subjetivo, que es el componente personal de los individuos que son sus miembros. Es, entonces, una parte de la sociedad que, al expresarse, esta indicando la voluntad de la sociedad misma. La sociedad se manifiesta a través de su órgano.[5]

Trataremos de esbozar la actuación de dichos órganos en la gestación del acuerdo preventivo.

II-LA DECISIÓN DE PRESENTAR CONCURSO PREVENTIVO A LA SOCIEDAD ANÓNIMA.
II.1.LA PRESENTACIÓN EN CONCURSO PREVENTIVO DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL DE CARÁCTER PRIVADO.

La ley 24522 en su artículo 6[6] preceptúa que tratándose de personas de existencia ideal, privadas o públicas la solicitud de formación del concurso preventivo es solicitada por el representante legal, previa resolución, en su caso, del órgano de administración.

Impone que dentro de los treinta días de la fecha de la presentación se debe acompañar constancia de la resolución de continuar el trámite, adoptada por la asamblea, reunión de socios u órganos de gobierno que corresponda, con las mayorías necesarias para resolver asuntos ordinarios. No acreditado este requisito, se opera de pleno derecho la cesación del procedimiento, con los efectos del desistimiento de la petición.

Se han señalado algunas objeciones a la terminología empleada por la norma, tanto en lo que refiere a la mención del “representante legal”, como a la referencia a la “ratificación”.

En orden a la expresión “representante legal” se considera una “dicción incorrecta, siendo lo apropiado decir que la representación que solicita el concurso preventivo de las personas ideales debe efectuarla el órgano competente de ella, por medio de quien corresponda”[7]; y en relación a la “ratificación”, tal expresión, conservada en el título del artículo 6º de la ley 24522, es resabio de antiguas fórmulas normativas.

Como explica MORO “en la doctrina clásica del derecho mercantil se hablaba de “representación” de las sociedades; tanto, que el art. 346 C.Com. mandaba aplicar supletoriamente a los directores las reglas del mandato.

Siburu expresa que “al estudiar el carácter jurídico de los directores y síndicos, hemos visto ya que ellos son mandatarios de la asamblea general de accionistas y, como tales, subordinados a las condiciones determinadas por las leyes, los estatutos y las decisiones de la asamblea. Este carácter de los directores y síndicos explica la disposición del art. 346, que dispone la aplicación de las reglas generales del mandato a la determinación de los derechos y obligaciones de los directores y síndicos en aquellos puntos no previstos especialmente”[8]

Hoy, ya no es posible hablar de la aplicación de lo preceptos de “representación” y “ratificación”, pues nuestra legislación societaria se enrola en la denominada doctrina del órgano que postula la inexistencia de la relación de mandato[9] entre los administradores y la sociedad.

El artículo 6º de la ley 24522 señala que la solicitud la formaliza el representante legal. Sin perjuicio de lo ya expresado en relación a las críticas formuladas a esta terminología, resulta oportuno formalizar la distinción existente entre administración y representación de la sociedad.

La administración, como explica NISSEN, importa la deliberación de la decisión del órgano de ella y pertenece a la esfera interna del ente, mientras que la representación se refiere a la esfera externa, es decir, a la vinculación de la sociedad con los terceros, pues quien tiene a su cargo la representación o el uso de la firma social, obliga a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.

Las diferencias entre administración y representación- explica el autor que exponemos- se advierten con mayor nitidez en las sociedades anónimas, donde el órgano de administración es necesariamente colegiado, salvo cuando el directorio se haya organizado en forma unipersonal. En tal caso – concluye- la adopción de la política de administración en todos sus ámbitos está en manos del directorio, pero la ejecución de las decisiones adoptadas por este órgano, cuando se trata de la celebración de actos frente a terceros, está a cargo del presidente de la sociedad y no en manos de cualquiera de los integrantes del directorio.[10]

En materia concursal, debemos entender por “representante legal” a la persona de existencia visible que suscribe la petición y para su determinación hay que remitirse a las disposiciones de la ley de sociedades comerciales que contiene normas precisas para su individualización.[11]

En el caso de las sociedades anónimas el artículo 268 preceptúa que la representación de la sociedad corresponde al presidente del directorio, pudiendo el estatuto autorizar la actuación de uno o mas directores.[12]

La solicitud que formaliza el presidente del directorio, debe efectuarse, en su caso, previa resolución del órgano de administración[13].

II.2.RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

En la sociedad anónima la administración esta a cargo de un directorio, compuesto por uno o más directores, correspondiendo su designación a la asamblea de accionistas.[14]

Se trata de un órgano permanente en este tipo de sociedades al cual se le atribuye, esencialmente, la gestión interna o administración de la sociedad, debiendo sus integrantes mantener una conducta leal, honesta y prudente en todo su desempeño.[15]

Su composición puede ser unipersonal o pluripersonal, a excepción de las sociedades anónimas reguladas por el artículo 299 de la ley de sociedades para las cuales se prevé que se integre el directorio con por lo menos tres miembros.

Las funciones del directorio son remuneradas y en ausencia de previsión estatutaria, corresponde a la asamblea general ordinaria de accionista fijar la retribución, no siendo necesario ser accionista para integrarlo.

Ahora bien, el artículo 6 de la ley 24522 atribuye al directorio dos actuaciones de singular importancia en la gestación de la presentación en concurso de una sociedad anónima: la previa resolución que, como órgano de administración le compete, autorizando al representante legal a presentar al ente en concurso; y la convocatoria a la asamblea que ratificará la presentación en concurso.

Examinemos las reglas de funcionamiento del directorio en lo atinente, particularmente, a la convocatoria de la asamblea que deberá adoptar la decisión de continuar el trámite el concurso.

La cuestión reviste trascendencia, pues como resalta GRISPO, si la convocatoria a asamblea debe efectuarse por decisión del directorio, el irregular funcionamiento de este acarreará la invalidez de la convocatoria y, si la asamblea ya se hubiese celebrado, también importará su nulidad o anulabilidad.[16]

El directorio puede estar integrado por uno o más directores. Cuando el directorio es unipersonal es claro que el director no necesita citarse a si mismo a una reunión de directorio para decidir la convocatoria a una asamblea de accionistas.[17]

Pensamos que debe labrar acta de su decisión, en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la ley de sociedades que expresa que las actas del directorio serán firmadas por los asistentes.[18]

Siendo el directorio colegiado deberá contar con quórum para poder sesionar. La ley de sociedades impone que la constitución y funcionamiento del directorio estén reglamentados en el estatuto. De acuerdo al artículo 267 de la ley 19550 el directorio se reunirá, por lo menos, una vez cada tres meses, salvo que el estatuto exigiere mayor número de reuniones, sin perjuicio de las que se pudieren celebrar por pedido de cualquier director.

El quórum no puede ser inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes (artículo 260, ley 19550). Sin embargo el estatuto puede modificarlo y determinar un quórum mayor.

La convocatoria a reunión de directorio corresponde al presidente del directorio por propia iniciativa (artículo 267, ley 19550), sin perjuicio de las que se pudieren celebrar por pedido de cualquier director. La convocatoria será, en éste último caso, por el presidente para reunirse dentro del quinto día de recibido el pedido. En su defecto, podrá convocarla cualquiera de los directores, debiendo la convocatoria indicar los temas a tratar.

Reunido el directorio, éste deberá convocar a asamblea ordinaria de accionistas para resolver la decisión de continuar el trámite del concurso. Conforme enseña GRISPO nuestra jurisprudencia ha resuelto que la atribución de convocar a asambleas de accionistas es del directorio como “órgano”; no de los directores individualmente.[19]

También el directorio no podrá desoír la petición de uno o más accionistas reclamando la convocatoria a asamblea.[20]

La sindicatura dispone entre sus facultades (artículo 294, inciso 7), la posibilidad de convocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario y a asamblea ordinaria o asambleas especiales, cuando omitiere hacerlo el directorio[21].

Del mismo modo el consejo de vigilancia previsto por el artículo 280 de la ley de sociedades, cuenta entre sus atribuciones la de convocar a asamblea cuando estime conveniente o lo requieran los accionistas conforme al artículo 236 de la ley de sociedades (artículo 281, inciso b, ley 19550)[22]

Por último, cualquier accionista puede solicitar la convocatoria a asamblea cuando represente por lo menos el cinco por ciento del capital social, si los estatutos no fijaran una representación menor, pero no resulta procedente la denominada autoconvocatoria, es decir la convocatoria a asamblea de accionistas por la propia asamblea.[23]

En síntesis y como expresa FAVIER DUBOIS en orden a los sujetos convocantes de la asamblea es obligatorio para el directorio convocar a la asamblea ordinaria anual y a las asambleas que exijan accionistas que represente el 5% del capital o el porcentaje menor fijado en el estatuto (art.236)

La convocatoria es facultativa para el directorio en los demás casos, el cual lo hará cuando lo juzgue conveniente o necesario.

También – señala- puede convocar el síndico en los casos en que el directorio sea remiso, exista similar pedido de accionistas o cuando lo juzgue necesario. Puede convocar el consejo de vigilancia, por remisión del artículo 281, inciso g) a las normas del síndico. En este caso – explica el autor que comentamos- la atribución corresponde al órgano, o a los disidentes que representen un tercio (artículo 282).

Concluyendo que la autoridad de contralor puede convocar cuando, habiendo un pedido, ni el directorio, ni el síndico convocan; e igualmente- en caso de negativa del directorio y síndico- procede la convocatoria judicial (art. 236), la que, además, es pertinente en caso de intervención judicial de la administración.[24]

II.3.DECISIÓN DE CONTINUAR EL TRÁMITE

Dispone el artículo 6 de la ley 24522 que dentro de los treinta días de la fecha de la presentación se debe acompañar constancia de la resolución de continuar el trámite, adoptada por la asamblea, reunión de socios u órganos de gobierno que corresponda con las mayorías necesarias para resolver asuntos ordinarios.

Define NISSEN a la asamblea[25] como la reunión de los accionistas convocada y celebrada de acuerdo a la ley y los estatutos para considerar y resolver sobre los asuntos indicados en la convocatoria.[26]

Se trata del órgano de gobierno de la sociedad. No constituye una asamblea cualquier reunión de accionistas, solo lo será aquella que es convocada y celebrada conforme a la ley y los estatutos con todas las formalidades legales y cuyas decisiones, obtenidas a través del régimen de mayorías, son obligatorias para todos los integrantes de la sociedad, atribuyéndose a ésta las consecuencias y efectos que se derivan de tales acuerdos.[27]

Durante la vigencia de la ley 19551 la doctrina discrepaba sobre las mayorías necesarias y tipo de asamblea requerida para adoptar la decisión de continuar el trámite del concurso.

CÁMARA consideraba que la decisión debía adoptarse en asamblea extraordinaria y requería la mayoría del artículo 244 de la ley de sociedades, SAJON coincidía con dicha interpretación y BONFANTI y GARRONE, estimaban que toda especulación sobre la determinación del alcance de facultades de un tipo u otro de asamblea, parece inoperante e insensible a la realidad, según reseñaba QUINTANA FERREYRA.[28]

La actual redacción del artículo 6º de la ley 24522 deja claramente establecido que la mayoría requerida es la necesaria para resolver asuntos ordinarios.[29]

El término de treinta días[30] para acompañar constancia de la decisión de continuar el trámite es perentorio, computándose desde la presentación de la solicitud de concurso.[31]

Sin embargo se ha expresado que cuando la decisión de presentarse en concurso preventivo fue adoptada en el seno de una asamblea ordinaria de la deudora, deviene innecesario que ese órgano de gobierno ratifique su propia voluntad.[32]


II.4.EFECTOS DE LA NO ACREDITACION DE LA DECISIÓN DE CONTINUAR EL TRÁMITE.

Convocada la asamblea dos situaciones pueden presentarse: la primera, que la asamblea vote negativamente la continuación del procedimiento; la segunda que teniendo el voto positivo, no se cumpliera con la acreditación en el expediente en tiempo y forma de la decisión de continuar el trámite.

En ambos casos la solución prevista por el artículo es la cesación del procedimiento, de pleno derecho,[33] con los efectos del desistimiento, operándose la previsión normativa del artículo 31 que establece que rechazada, desistida o no ratificada una petición de concurso preventivo, las que se presenten dentro del año posterior no deben ser admitidas, si existen pedidos de quiebra pendientes.


Pero también puede acontecer que la asamblea presente defectos de convocatoria o no cumpla con las formalidades legales de validez, en cuyo caso, la ratificación no puede tenerse por operada.
Así se ha dicho que la decisión de ratificación exigida por la ley 24522 resulta defectuosa si en ella no se encuentra acreditado el cumplimiento de los requisitos formales para la convocatoria de asamblea, ni para su celebración, ni surge de ella que se encontraran presentes los restantes accionistas con derecho a voto; asimismo, tal decisión no puede suplirse por la manifestación de algunos tenedores de acciones ante un escribano, aun cuando representen la mayoría del capital[34]


Finalmente cabe indagar si la decisión del directorio autorizando la presentación en concurso, ulteriormente tenido por desistido, conserva eficacia para instar un nuevo concurso.

En este sentido se ha dicho que no es óbice a la apertura del concurso, por aplicación del art. 31 in fine de la ley 24522, que el acta que acredita la decisión del directorio de instar una nueva solicitud de concursamiento, sea la misma que se acompañara en la anterior presentación que se tuvo por desistida por falta de ratificación asamblearia (art.6) ya que ello no ha importado la anulación de la decisión adoptada por el órgano de administración, ni ha quitado mérito o virtualidad a las razones de conveniencia u oportunidad tenidas en cuenta por quienes están a cargo de la gestión de la sociedad para llevar adelante su convocatoria de acreedores.[35]

III-FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO.
Materializada la presentación en concurso preventivo de una sociedad anónima, no cabe dudas que la presentación de la propuesta de acuerdo a los acreedores, constituye un capítulo central dentro del trámite del concurso preventivo.[36]

La omisión de presentar propuesta, implica la declaración de quiebra indirecta del deudor, excepto en el caso de los supuestos especiales contemplados en el artículo 48 de la ley 24522.

Compartimos la opinión de RICHARD y BORGARELLO en el sentido que para que la propuesta de acuerdo preventivo sea imputable[37] a la sociedad debe partir de un órgano societario competente.[38]Pero, ¿Cuál es ese órgano competente en la anónima?[39]

Para cierta parte de la doctrina la formulación de la propuesta de acuerdo y su consecuente aprobación es resorte de la asamblea de accionistas.

En éste sentido, RICHARD, reseña su posición, la de BORGARELLO y HEREDIA[40] al señalar que: “Sobre ello nos hemos pronunciado con la profesora Luisa Borgarello reiterando, con su conformidad, algunos párrafos donde también citamos a Heredia: "Presentar la pro­puesta de acuerdo a los acreedores, en los concursos de sociedades comerciales, no debe con­fundirse con su formulación... debe señalarse que la ley concursal dispone en su artículo 6 que cuando se trata de una persona de existen­cia ideal la solicitud de apertura del concurso preventivo la deberá efectuar el representante legal, previa resolución, en su caso del órgano de administración. Pero la resolución de conti­nuar el trámite iniciado que debe presentarse en el expediente dentro del plazo de treinta días de la fecha de presentación, corresponde al ór­gano de gobierno. ..A la fecha de la ratificación de la presentación en concurso, el órgano de administración ya debería haber puesto a con­sideración de los socios la posible propuesta co­mo solución de los problemas patrimoniales de la sociedad, el plan para superarlos y la pro­puesta que entienden debería formalizarse a los acreedores. Indudablemente se trata de una omisión del legislador, que ya existía en la nor­mativa concursal derogada (L 19551), que im­pone analizar a través de las normas sustancia­les qué órgano puede formalizar para conside­rar que la propuesta no fue formulada por ór­gano societario incompetente, y sea imputable a la persona jurídica... Manifestada ya la im­procedencia de que la propuesta sea formulada por el representante legal o el apoderado, co­rresponde establecer cuál es el órgano societa­rio competente para resolver cuál va a ser la propuesta de acuerdo preventivo que formula­rá la sociedad... No podemos dejar de afirmar que el órgano de administración debe efectuar un análisis pormenorizado de la cuestión… Ese órgano es el que debe convocar, con tales estudios. Al órgano de gobierno… como aceradamente lo señala Heredia, citando a Ragusa Maggiore, no puede reconocerse en el órgano de administración la facultad de decidir la propuesta de acuerdo, cualquiera que sea su contenido… la decisión … debe emanar del órgano de gobierno de la sociedad ya que deviene una cuestión de trascendencia para el derrotero de la vida societaria. Evidentemente la propuesta debe reflejar la voluntad del concursado y la voluntad del concursado cuando se trata de una sociedad, es la voluntad social,.. La posibilidad que ante el rechazo de la propuesta por los acreedores o su no homologación por abusiva o ilegal. Autorice la aplicación del artículo 48 de la LC, de la que puede devenir la transferencia forzada de las participaciones de los socios a terceros. Como así también la posibilidad de incumplimiento de las normas societarias sobre la patrimonializacion de la sociedad que podría autorizar la acción prevista en el articulo 54 in fine de la ley de sociedades comerciales (LSC)contra los controlantes abusivo s o torpes; el costo impositivo que podría generar una propuesta de quita y espera por la ganancia que genera en el patrimonio de la sociedad y de los socios, impone, en una visión societaria, la intervención del órgano de gobierno de la sociedad para formular la propuesta y el plan que la integra por exigencia legal… esa asamblea autorizaría modificaciones de la propuesta que fuere menester efectuar en el desarrollo de la negociación con los acreedores durante el período de exclusividad.”[41]

En palabras de RICHARD y BORGARELLO la propuesta de acuerdo preventivo, integrada con el régimen de administración y limitación a la disposición de bienes durante el periodo de cumplimiento, para que sea imputable a la sociedad, debe ser aprobada por lo menos en sus bases generales, por el órgano de gobierno de la sociedad, quién podrá delegar en el órgano de administración aspectos no esenciales o modificaciones dentro de ciertos parámetros, asegurando así las posibilidades negociales.[42]

CÁMARA se pregunta si la propuesta de las sociedades mercantiles requiere de la aprobación previa de la asamblea de socios indicando que “la exigencia rige para promover el concurso preventivo, guardando silencio en este caso, a diferencia de alguna legislación –art-300, ley mejicana para las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada-, por lo cual respondemos negativamente. Basta la propuesta suscrita por el representante legal, a pesar de que la solución es opinable: a los administradores de la sociedad les compete los actos necesarios de administración. A ellos escapa la proposición del acuerdo preventivo o resolutorio, que puede llevar a la disolución de la empresa social”[43]

En la edición actualizada de la obra de CÁMARA se lee “No es necesaria autorización expresa del órgano deliberativo para formular propuesta. Pues ésta puede quedar subsumida en la ratificación del art.6º, pero siempre que la propuesta requiera algún acto adicional del órgano de gobierno, tal acto será menester, pero no como condición de proponibilidad sino de cumplimiento.”[44]

Por nuestra parte pensamos que no puede soslayarse la participación de la asamblea de accionistas en la determinación de las pautas generales mínimas que debe contener la propuesta, adhiriendo al criterio que propicia delegar facultades modificatorias dentro de ciertos rangos al órgano de administración para facilitar así la negociación del acuerdo.

La ocasión para determinar el contenido de la propuesta y el plan de la empresa para lograr su cumplimiento bien podría ser en ocasión de reunirse la asamblea de accionistas para tratar la decisión de continuar el trámite del concurso. Sin perjuicio de convocarse ulteriormente y dentro de los acotados plazos concursales a una asamblea para tratar la propuesta que se presentará a los acreedores.

La no intervención de los accionistas aprobando la propuesta a presentar en el concurso, traería como consecuencia que deba ser considerada como no imputable a la sociedad y consecuentemente podría tenerlsea por no presentada.

IV-ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA
Frente a una propuesta formulada a una sociedad anónima, cabe interrogarse a quien compete su aceptación.

De acuerdo al artículo 43 de la ley 24522 el deudor puede formular una variada gama de propuestas a sus acreedores, pero lo usual es que ella se traduzca, básicamente en quitas o esperas.

Del mismo modo que para la formulación de una propuesta debe intervenir algún órgano societario, cabe observar igual recaudo para la aceptación. En este caso nos inclinamos a pensar que la aceptación de una propuesta de acuerdo compete al directorio[45].

Como señala OTAEGUI “un acreedor puede renunciar gratuitamente a sus derechos contra el deudor. Una sociedad puede renunciar gratuitamente a sus derechos contra su deudor, lo que es competencia de los administradores por ser un acto de gestión operativa (LSC art.255) ajeno a la incumbencia estructural de los socios (LSC art.233)”, y explica “es lo que ocurre v.g. cuando una sociedad da su conformidad con una propuesta de acuerdo.”[46] La obtención de la conformidad de la sociedad debe ser gestionada por el concursado requirente, en forma extrajudicial, y acreditada por escrito mediante instrumento público o instrumento privado con firma certificada en el lapso de exclusividad y provenir de órgano competente social para exteriorizar la voluntad de aceptación de la misma.[47]

V-CONCLUSIONES
Conforme resulta de las reflexiones precedentes en las diversas instancias de gestación del acuerdo preventivo, los órganos societarios juegan un rol significativo.

La correcta determinación de la competencia de cada uno de ellos y su oportuna intervención, adquiere relevancia a los fines de establecer la imputación de tales procederes a la sociedad, y en esencia, a los fines de de precisar la adecuada exteriorización de voluntad de la misma.


[1] ZALDIVAR, Enrique, MANOVIL, Rafael M., ROVIRA, Alfredo L, RAGAZZI, Guillermo E., SAN MILLAN, Carlos, Cuadernos de Derecho Societario, Buenos Aires, 1973, Ediciones Macchi S.A., T.I., p. 274.
[2]Explica GALGANO las “variantes lingüísticas” existentes a la expresión “sociedad anónima” señalando que el nombre sociedad por acciones es propio, tradicionalmente, de los países de lengua alemana, en los cuales se denomina Aktiengesellschaft; en la Gran Bretaña el nombre de este tipo de sociedad le da relieve, en cambio, a la responsabilidad limitada de los socios, y por esto se habla de limited company. En los paises neolatinos se usa la expresión sociedad anónima (en francés société anonyme y sociedade anónima, en portugués) que le da importancia a una nueva característica de este tipo de sociedad, que a su vez corresponde a la responsabilidad limitada de los socios y a la indiferencia, ante los terceros acreedores, de su identidad personal, o sea el hecho de que la denominación de la sociedad, a diferencia de la razón social de la sociedad de personas puede no contener la indicación del nombre de ningún socio (y por esto es anónima, porque es una sociedad que no actúa bajo el nombre de ninguna persona. GALGANO, Francesco, Derecho Comercial, Volumen II, Las Sociedades, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1999, p. 205.
[3] CATEDRA DRA. ANA I. PIAGGI, El papel del administrador en las sociedades anónimas modernas, La Ley, Enfoques 2008-9-29, p.30.
[4] Como enseña NISSEN, tal manera de pensar ha sido denominada doctrina del órgano o doctrina orgánica, la cual lleva como ínsito presupuesto la negativa de todo tipo de diferenciación de sujetos jurídicos en la relación entre el órgano de administración y la sociedad. Concluyendo que los administradores no son mandatarios de la sociedad, sino sus funcionarios, por lo que es la sociedad misma la que actúa frente a terceros, mediante la actuación de una persona física. NISSEN, Ricardo A., Curso de Derecho Societario, 2da edición actualizada y ampliada, Ad Hoc, Buenos Aires, 2006, p. 214.
Apuntamos, con VERON, que existen alguna censuras a la teoría organicista, a saber:1)No es de recepción pacífica en la doctrina contemporánea, haciendo prevalecer la teoría de la representación, 2) la responsabilidad extra contractual de la persona jurídica no encuentra sustento adecuado, no tiene por que ceñirse a la celebración de actos jurídicos imputables a un sujeto de derecho, ergo, no es el organicismo la doctrina más adecuada para sustentar el proceso de imputabilidad jurídica del sujeto de derecho, advirtiendo que la sociedad tiene dos caras: una, externa en cuanto a persona jurídica, y otra interna en cuanto organización de una pluralidad de personas. VERON, Alberto Víctor, Tratado de las sociedades anónimas, La Ley, Buenos Aires, T.III, p. 19.
[5] ZALDIVAR, Enrique, MANOVIL, Rafael M., ROVIRA, Alfredo L, RAGAZZI, Guillermo E., SAN MILLAN, Carlos, Cuadernos de Derecho Societario, Buenos Aires, 1973, Ediciones Macchi S.A., T.I., p. 288.
[6] WILLIAMS, refiere a los antecedentes de esta norma en el derecho argentino señalando que la ley 4156 lo especificaba en el art. 7º, y luego lo fue también en el Proyecto de la Ley de Quiebras del Dr. Castillo, del año 1912 y 1914 y en una nota pasada al Ministerio de Justicia, por la Cámara de Apelaciones de la Capital, y que sus fundamentos fueron adoptados como Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. El artículo 7º de la ley 4156 establecía:”Tratándose de una sociedad, la solicitud será hecha por uno o todos los socios solidarios o que tengan el uso de la firma social o sus representantes, y en caso de sociedad anónima, por el Presidente de la Comisión o Gerente de la sociedad, obrando en virtud de lo resuelto en una Asamblea General. Este derecho es extensivo a las sociedades en liquidación”
La ley 11719 en su artículo 9º establecía que “la solicitud será presentada por el socio o socios que tuvieren el uso de la firma social, o por sus representantes, y tratándose de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada por el presidente del directorio debidamente autorizado o por el gerente de la sociedad, respectivamente, pero en tales casos debe presentarse antes del día de la audiencia la ratificación del acto por la asamblea de la sociedad anónima o por la mayoría de los socios que representan la mayoría de capital, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, so pena de tenérselas por desistidas de la petición”. WILLIAMS, Ricardo, El concurso preventivo, Buenos Aires, Plus Ultra, 1975, ps.64 y 65.
[7] CÁMARA, Héctor, El concurso preventivo y la quiebra, actualizado bajo la dirección de Ernesto E. Martorell, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2004, T.I., p.430; MAFFIA, Osvalo J., Manual de Concursos, La Rocca, Buenos Aires, 1997, T.I, p. 124.
[8] MORO, Carlos Emilio, en Cámara, ob.cit.p.431.
[9] El presidente de la sociedad no es un mandatario de la sociedad, sino que ejerce una representación orgánica, inherente al cargo que desempeña e inseparable de él (CNCOM, Sala A, 4/3/77, ED, 74-726)
Ante la necesidad de justificar la actuación de los entes colectivos, se han suscitado diferentes teorías, entre ellas, la teoría de la representación y la teoría del mandato. No puede hablarse de mandato, ya que el vínculo no establece la figura del mandante. El directorio, la asamblea, la sindicatura o el consejo de vigilancia son todos elementos orgánicos, configurante de la persona sociedad, según fija la ley para su necesaria existencia. CATEDRA DRA. ANA I. PIAGGI, El papel del administrador en las sociedades anónimas modernas, La Ley, Enfoques 2008-9-29.
[10] NISSEN, ob.cit., p. 213.

[11] QUINTANA FERREYRA, Francisco, Concursos, Ley 19551, Comentada, anotada y concordada, Astrea, Buenos Aires, 1985, T.I., p 127.
[12] Como explica NISSEN a diferencia de lo que acontece con los restantes tipos societarios, en la sociedades anónimas, la administración está escindida de la representación, la cual corresponde al presidente del directorio o al vicepresidente, en caso de ausencia o impedimento (art.268,ley de sociedades comerciales), sin perjuicio de que, por vía estatutaria se autorice que la representación de la sociedad se encuentre a cargo de uno o más directores, pero ello de manera alguna implica el desplazamiento del presidente del directorio en el uso de la firma social, que siempre es, por expresa directiva del art.268 de la ley 19550, el representante legal de la sociedad y cuya actuación priva sobre otros representantes o estatutarios o convencionales. NISSEN, ob.cit., p 452.
El presidente del directorio individualmente no es órgano de administración, sino exclusivamente de representación, o sea que puede declarar la voluntad de la sociedad, pero no fijar su contenido. Ello es así desde luego, sin perjuicio de que cualquier acto “que no sea notoriamente extraño al objeto social”, celebrado por el presidente sin previa deliberación del directorio, obligue a la sociedad frente a terceros, pues así lo requiere la protección de estos (CNCOM, Sala A, 4/8/77, ED, 77-192, 11)
Al presidente del directorio de la sociedad anónima le corresponde la representación de la sociedad, que es inherente al cargo. El estatuto no puede privarlo de esa función, aun cuando también conferirla a uno o mas directores (CNCOM, Sala A, 19/6/78 Genoud de Gianantonio, Celia c/ la Agraria S.A.)
[13] El no haber acompañado decisión del directorio impone al juez la desestimación in límine de la petición. Carpasa cia. Argentina de cartones y papeles s/ concurso.20/11/74 Cámara Comercial Sala A

[14] Explica Nissen que también pueden ser designados por el consejo de vigilancia, según lo autoriza el art. 280 de la ley 19550 (art.255.L.S.).NISSEN, Ricardo A., Curso de Derecho Societario, 2da edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, Ad Hoc, 2006, p.451.
[15] FERNÁNDEZ MADRID explica que el directorio es un órgano social indispensable, permanente, elegido por la asamblea, cuyos integrantes pueden ser revocados en sus mandatos, reelegibles salvo disposición en contrario. FERNÁNDEZ MADRID, Juan Carlos, Código de Comercio Comentado, T.II, Buenos Aires, Errepar, 2000, p. 1159.
[16] GRISPO, Jorge Daniel, La convocatoria de asambleas en las sociedades anónimas, Enfoques, contabilidad y auditoria, La Ley 2008-10-79. Así se ha dicho que es procedente declarar la nulidad de las resoluciones adoptadas por el directorio de la sociedad anónima demandada, toda vez que, si bien la reunión fue convocada en debida forma, no se cumplió con el quórum de mayoría absoluta de los miembros requerido estatutariamente, en tanto la asistencia de un director suplente no podía conformar dicho quórum atento a que no había renunciado ninguno de los directores titulares, quienes permanecen en sus cargos hasta ser reemplazados. No resulta ajustado a derecho que le órgano de administración de una sociedad anónima funcione con el vicepresidente y un director suplente debido a que la ausencia de los otros dos directores titulares no importa vacancia en sus cargos, siendo que en el caso según el estatuto ése es el único supuesto que hubiera habilitado al suplente para cubrirlo. CCCom. de Quilmas, Sala II,26-8-2008 Guzzetti, Miguel A c/ Guzzetti Hermanos S.A., Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2008-3-798.
[17] GRISPO, ob.cit.p.79.
[18] GRISPO expresa que no obstante ser el directorio unipersonal, deberá labrar acta de su decisión indicando lugar, fecha, hora y orden del día a tratar. GRISPO, ob.cit., p. 79. En igual sentido ARAMOUNI quien expresa que aun cuando el art. 73 se refiera a los órganos colegiados, la obligación de labrar el acta corresponde también en caso de tratarse – en las sociedades anónimas- de un directorio unipersonal. ARAMOUNI, Alberto, Práctica del derecho societario, 2da edición, Buenos Aires, Astrea, 2004, T.I.,p. 319
El proyecto de reformas a la ley de sociedades comerciales 19550 (Res. MJ 465/91) preveía: RESOLUCIONES MIEMBRO ÚNICO DE UN ÓRGANO SOCIAL:Las resoluciones de un miembro único de un órgano social deberán asentarse en el libro pertinente.
[19] GRISPO, ob.cit.,p 81.
[20] GRISPO citando a SASSOT BETES-SASOT explica que la ley de sociedades no deja al discresionalismo del directorio convocar o no la asamblea solicitada, según el criterio que le merezcan las cuestiones las cuestiones a incluir en el orden del día, sino que le encomienda hacer lo necesario para el cumplimiento de lo solicitado por el accionista. De aquí que la responsabilidad surge por omitir la convocatoria de la asamblea, o sea, por no obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. GRISPO, ob.cit., p. 81.
[21] GRISPO indica que en opinión de López Tilli, de la correlación entre los artículos 236 y 294, inciso 7, pareciera que el legislador ha querido establecer como norma general que la convocatoria a asamblea ordinaria fuera hecha por el directorio, y solo en forma subsidiaria por la sindicatura. Señalando que es lógico que así sea, porque en la asamblea ordinaria se tocan temas que hacen a la administración (el directorio) a quien le compete convocar a los accionistas para su tratamiento. La sindicatura sólo controla; y por ello, únicamente cuando como consecuencia del ejercicio de ese control advierte que el directorio no ha cumplido con su obligación de convocar puede tomar intervención y efectuar la convocatoria por si misma. GRISPO, ob. cit., p. 82.
[22] Destacan SASOT BETES y SASOT que para poder integrar el consejo de vigilancia se requiere se accionista, lo que implica que individualmente, como socios, cada consejero puede pedir la convocatoria a asamblea (art.236), y resultaría ilógico que una facultad reconocida individualmente a cada uno, no pudiera ser ejercida por todos ellos en conjunto, como órgano societario. GRISPO, ob. cit., p.83.
[23] ARAMOUNI, explica que la Inspección General de Justicia, por resolución general, IGJ 1461/03 del 17 de noviembre de 2003, en el expediente “Don Crescencio Sociedad Anónima Agrícola Ganadera Comercial Inmobiliaria”, estableció el criterio de que la ley 19.550 no admite la convocatoria a asamblea de accionistas por la propia asamblea. La mencionada resolución cita a Isaac Halperín (Sociedades anónimas, Buenos Aires, Depalma, 1974, p. 567) y señala que “de conformidad cono lo dispuesto por los arts. 236 y 294 de la ley 19550, la convocatoria a asamblea, cualquiera fuere la clase o naturaleza de la misma, debe ser efectuada por el órgano autorizado legalmente, esto es, por el directorio como órgano; por el síndico, en ejercicio de la atribución del art. 294, inciso 7; por la Inspección General de Justicia, en uso de las facultades previstas por el 236, y por la justicia, a pedido de los accionistas en el supuesto del párrafo 3º del art. 236 de la referida ley, si el directorio fuera renuente” Concluye dicho autor, en forma categórica, que la asamblea “no puede autoconvocarse, ni designar persona para que la convoque”. En el mismo sentido se expresaron ZALDIVAR, MANÓVIL, RAGAZZI y ROVIRA (Cuadernos de derecho societario, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1980-III-418).ARAMOUNI, Alberto, Práctica del derecho societario, 2da edición, Buenos Aires, Astrea, 2004, T.I.,p. 319
[24] FAVIER DUBOIS, Eduardo M.,Derecho societario registral, Buenos Aires Ad Hoc, 1994, p. 305
[25] FAVIER DUBOIS, reseña diversos conceptos de asamblea, en los siguientes términos:”…podríamos decir con Halperín que “es la reunión de accionistas congregados en las formas y condiciones prescriptas por la ley y el estatuto para el gobierno de la sociedad”. Se trata de una definición de tipo formal. Es más concreta la definición de Zaldivar, que sostiene que “es la reunión de accionistas, organizada para su funcionamiento en forma de colegio de acuerdo con la ley y el estatuto, a fin de tratar de resolver en interés social sobre los asuntos de su competencia, con efecto de obligatoriedad para la sociedad y los accionistas.” FAVIER DUBOIS, Eduardo M.,Derecho societario registral, Buenos Aires Ad Hoc, 1994, p. 290.
[26] NISSEN, ob.cit.,p. 429.
[27] NISSEN, ob. cit., P. 429, quien explica que es un órgano no permanente de la sociedad, siendo sus facultades indelegables, por cuanto su competencia es exclusiva y no puede ser suplida por decisiones de otros órganos de la sociedad.
[28] QUINTANA FERREYRA, ob.cit., p.131.
[29] Señala QUINTANA FERREYRA que la reforma a la ley 19551 solucionó la controvertida cuestión, al disponer que la decisión de continuar el trámite será adoptada por las “mayorías necesarias para resolver asuntos ordinarios”; estimando que el fundamento de esta norma legal debe encontrarse en la argumentación de ALEGRÍA (inclusión del tema en asamblea ordinaria); no se trata precisamente de una “ratificación” sino de la “decisión de continuar sólo con efecto futuro”. En definitiva, concluye el autor que comentamos, no se trata de “ratificar” el acto de presentación, sino de analizar y resolver si se ha de continuar el trámite iniciado por el órgano de administración y fue presentado por el representante legal. QUINTANA FERREYRA, ob.cit., p. 132.
Se ha argumentado también que en las sociedades anónimas le incumbe a la asamblea ordinaria la ratificación, encuadrando en “toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley y el estatuto, o que sometan a su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos” (art.234, inciso 1 Ley de sociedades, sea en primera o en segunda convocatoria, con la mayoría absoluta de votos presentes que puedan ser emitidos en la respectiva decisión, salvo cuando el estatuto fije mayor número (art.243 Ley de sociedades).CÁMARA, ob.cit.p. 445.
Por otra parte no resulta ocioso destacar la importancia que tiene distinguir entre una asamblea ordinaria y una extraordinaria. En primer lugar porque existen distintas materias a tratar entre una y otra asambleas. La asamblea extraordinaria tiene quórum y mayorías mas graves que la ordinaria. También debe recordarse que respecto de la competencia de la asamblea ordinaria, la doctrina se encarga de señalar que es taxativa y de orden público. Explica Favier Dubois que “con respecto al tema de la taxatividad de la competencia se afirma esta cualidad para la asamblea ordinaria y, en cambio, se niega para la extraordinaria. Citamos para ello el art. 235 que comienza diciendo que corresponden a la asamblea extraordinaria todos los asuntos que no sean de competencia de la asamblea ordinaria. Sin embargo, la asamblea ordinaria tiene para si algunos asuntos que no están mencionados literalmente, pero que están expresamente aludidos cuando la ley dice “toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley y el estatuto o que sometan a su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos” FAVIER DUBOIS, ob.cit., p.301
[30] Procede tener por desistida de su petición concursal a la sociedad concursada, por incumplimiento del artículo 6 de la ley 24522, si a mas de haberse tolerado excepcionalmente el cumplimiento extemporáneo de ciertos recaudos de la ley de concursos, no asumió la exigencia del art 6, toda vez que largamente vencido el plazo legal de 30 días, no acompaño constancia de la resolución de la asamblea de continuar el tramite del concurso preventivo. La trascendencia de la declaración de la voluntad social de proseguir los trámites, obliga a ser exigentes para dejarla justificada, y no puede soslayarse por argumentos insustanciales, como -en el caso- lo fueron: la posposición del llamado a asamblea por hallarse de vacaciones alguno de los accionistas, dificultades posteriores para hallarlo, sin sentido de convocarlo por edictos por los gastos que ello irrogaría, perdida de libros sociales, dificultades económicas que vive el país y, especialmente, el rubro al que se dedica la sociedad deudora. Ello pues, lo alegado importaría banalizar el instituto del concurso preventivo, con el consiguiente perjuicio para los acreedores de la deudora, y para el propio interés social concernido en el buen desarrollo del proceso concursal. Ametech S.A. s/ concurso preventivo. 29/11/99 Cámara Comercial Sala B.

[31] “El lapso corre desde la presentación de la solicitud del concurso, y no desde la apertura del proceso, y menos desde la celebración de la junta de socios, exigencia muy loable para evitar distorsiones, pero la norma es clara:”de la fecha de la presentación”, y no es necesaria intimación alguna. El computo debe ser efectuado aunque el concurso no haya sido abierto, o se haya rechazado el pedido e interpuesto apelación” Confr. CÁMARA, ob.cit., p.447.
QUINTANA FERREYRA, con cita de ALEGRÍA, se pronuncia en igual sentido.QUINTANA FERREYRA, ob.cit., p. 135
Respecto de la situación del concurso rechazado y apelado, discrepa WILLIAMS con las opiniones referidas, en estos términos:”Discrepo con el Dr.ALEGRÍA, en cuanto, en un comentario doctrinario citado en esta obra, en nota anterior, sostiene que corre el plazo, no s einterrumpe en caso de que el juez hubiera rechazado el pedido, y se hubiera intentado apelación (art.13, parte 2ª).WILLIAMS, Ricardo, El concurso preventivo, Buenos Aires, Plus Ultra, 1975, p.68.
Anotamos que la objeción de WILLIAMS se fundaba en razones de práctica y que el trabajo del Dr.ALEGRÍA a que refiere es el titulado La presentación y la ratificación en el concurso preventivo de sociedades, J.A., nº 4119,20-9-1972,p.2.
Lo cierto es que buena parte de la doctrina adscribe a la opinión expresada que el concurso rechazado y apelado, no opera como causal de suspensión del término para presentar la ratificación.


[32] Panificación La Perla S.A. s/ concurso preventivo 14/05/01 Cámara Comercial: E.

[33] Cabe tener por desistida a la concursada de su petición concursal en razón del incumplimiento de lo establecido en la ley 24522: artículo 6 in fine, toda vez, que –en el caso- el descargo alegado por esta -sosteniendo que el incumplimiento en que incurriera se debió a "un desencuentro y omisión involuntaria"- es insustancial frente a la trascendencia que tiene la declaración de voluntad de proseguir los tramites pues tiene como motivación esencial la propia naturaleza del ente social cual es conocer y actuar la voluntad de los socios; y su incumplimiento impone la sanción de desistimiento a lo que cabe agregar, para aventar toda duda sobre la naturaleza del plazo, que la ley vigente ha explicitado que la cesación del procedimiento se produce "de pleno derecho". Bantil S.A. s/ concurso preventivo 11/08/97 Cámara Comercial Sala A

[34] Aerosol Sintesis S.A. s/ concurso preventivo. 17/10/06 Cámara Comercial Sala E.

[35] Capel. CC. San Martín Sala II, agosto 15-2000.Empresa Gral. José de San Martín S.A. de transporte s/ concurso preventivo. ED 194-476
[36] Explica GRISPO que el sistema concordatario está encaminado a evitar la quiebra del deudor concursado, teniendo como punto máximo el acuerdo o consenso que debe requerir el deudor, por su propia iniciativa, con todos sus acreedores (de acuerdo a las mayorías requeridas), lo cual nos lleva a la conclusión de que resulta una obligación del concursado, formular en legal tiempo y forma su propuesta de acuerdo preventivo, pues su omisión determina la quiebra-en los pequeños concursos-o el desplazamiento del deudor por un tercero interesado de acuerdo a lo previsto en el art.48 del texto legal. GRISPO, Jorge Daniel, Tratado sobre la ley de concursos y quiebras, Ad Hoc, Buenos Aires, 1998, T.II, p.51.
[37] Como explica VERON la primera noción a tener en cuenta es que los actos serán imputados a la sociedad en tanto hayan sido realizados por el órgano competente, de acuerdo con la ley y con el contrato social. VERON, Alberto Víctor, Tratado de las sociedades anónimas, La Ley, Buenos Aires, T.III, p 31
[38] RICHARD, Efraín Hugo, BORGARELLO, Luisa Isabel, Legitimación para formular propuestas de acuerdo imputables a sociedades comerciales, Libro de ponencias del VI Congreso Argentino de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Rosario, 2006, T.I., p.764. Los referidos autores expresan “Cuando la concursada preventivamente es una sociedad comercial, en la práctica, se cumple con las disposiciones del art.43 LCQ con la formulación de la propuesta efectuada por el representante legal o apoderado de la sociedad concursada, sin que se acredite la intervención de ningún órgano societario. Creemos que ello no implica la presentación de una propuesta de acuerdo imputable a la sociedad, y por tanto corresponde tenerla por no formulada. Ob.Cit. P. 763/764.
[39] Durante la vigencia de la ley 11719 se había señalado que la propuesta de concordato debe ser autorizada por el directorio y ratificada por la asamblea de accionistas (LC 62), porque aun en el supuesto que se considere que la declaración de quiebras produjo ipso iure la disolución de la sociedad, sus órganos siguen funcionando a los efectos de la liquidación social (CCom 434) y las cuestiones que pueda suscitar la quiebra, como esta del art. 62 cit. Halperin - Vasquez – Parodi Trabazo S.A. s/ quiebra. 28/07/71 Cámara Comercial: Sala B

[40] En opinión de HEREDIA la propuesta de acuerdo preventivo debe emanar del órgano deliberativo de la persona de existencia ideal y ser el resultado de la votación expresada en ese seno por los socios. HEREDIA, Pablo D. Tratado exegético de derecho concursal, Abaco, Buenos Aires, 2000, T.II, p.43.
[41] RICHARD, Efraín Hugo, Integración de propuesta de acuerdo (en concurso preventivo de sociedad), Doctrina Societaria y Concursal, ERREPAR, Nº 252, Noviembre 2008, T.XX, p.1085.
[42] RICHARD y BORGARELLO, Ob. Cit. P.768
[43] CÁMARA, Héctor, El concurso preventivo y la quiebra, Depalma, Buenos Aires, 1984, Volumen II, p. 798 y 799.
[44] CÁMARA, Héctor, El concurso preventivo y la quiebra, Edición actualizada bajo la dirección de Ernesto E. Martorell, Lexis Nexos, Buenos Aires, 2006.T.II, p.71.
[45] Señalan HALPERIN y OTAEGUI que la administración de la sociedad está a cargo del directorio, a quien se le confía la gestión inmediata de los negocios sociales. En esta función, se halla sujeto al control permanente de legitimidad de la sindicatura y no permanente de la gestión de la asamblea general de accionistas. HALPERIN, Isaac; OTAEGUI, Julio C., Sociedades anónimas, Depalma, Buenos Aires, 1998, segunda edición, p.437.
[46] OTAEGUI, Julio C.,Objeto social, capacidad societaria y falencia, Suplemento La Ley Concursos y quiebras, 28-9-2006, p. 57
[47] ROUILLON, Adolfo A. N., Régimen de concursos y quiebras ley 24522, Astrea, Buenos Aires, 2001, 10 edición, p.115. HEREDIA, ob.cit., T.II, p.103.